ESTADO ENANO, EMPRESARIO GIGANTE

Arturo Alejandro Muñoz

EL TEMA HA sido puesto nuevamente sobre el tapete, pero en esta ocasión la crítica apunta en sentido contrario al que tuvo años atrás. Las dificultades originadas por el plan Transantiago revivieron la vieja discusión. ¿Estado enano o Estado macizo?

Durante medio siglo los dueños del capital financiero, junto a sus referentes políticos, impetraron con vehemencia una reducción significativa del aparataje estatal en beneficio del crecimiento voluminoso de la actividad privada en casi todos los ámbitos del quehacer nacional. La última gran ‘pelea’ que se recuerde (respecto del tema) se produjo durante el gobierno de Salvador Allende, con los resultados que todos conocemos. A partir de la instalación en Chile de una dictadura militar, el empresariado comenzó a recoger las redes que había tendido y el tamaño del Estado inició su camino de debilitamiento.

Fue así que, desde Pinochet hasta este último gobierno concertacionista, nuestro país ha contado con un sistema económico que privilegia una macroeconomía sólida sustentada en la actividad de grandes consorcios empresariales y, como efecto inmediato, un fuerte y sostenido debilitamiento de los sectores mayoritarios de la nación. Si pudiésemos trasladarnos al futuro, encontraríamos que los historiadores del año 2100 calificarán a este largo período de nuestra Historia como ‘la época del empresariado gobernante’. Las últimas cinco administraciones que se instalaron en La Moneda (1973-2007) dan fe de ello con sus actuaciones más relevantes.

Los intereses económicos de actores sociales pudientes han sido responsables directos de los principales acontecimientos políticos experimentados por Chile desde el momento mismo de su independencia como nación soberana. Pero, en los pasados treinta o cuarenta años esos intereses lograron posicionarse como mandantes exclusivos, defenestrando cualquier iniciativa tendiente a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los quince millones de chilenos.

Fueron esos intereses económicos los que dieron término a las ‘utopías’ e idealismo latinoamericano, derribando las intentonas subcontinentales de estructurar un mercado regional, desde los pasillos de la Universidad de Chicago dirigieron la carreta economicista que tiraban los bueyes elegidos por los empresarios transnacionales, pusieron las condiciones más feroces a los primeros gobiernos post-dictadura, y demostraron que su fuerza era suficiente para gobernar desde las sombras, sin dar explícitamente la cara y dejar la responsabilidad social en manos de tiendas políticas que bajaron el moño ante el poder del dinero.

El primer caso conocido que refrenda lo anterior, Chile pudo constatarlo cuando la Banca nacional entró en crisis gravísima – casi quiebra absoluta- y la dictadura pinochetista, dirigida por los Chicago Boys de la época, obtuvo un préstamo internacional de cientos de millones de dólares que traspasó a las entidades bancarias, pero que fue pagado por los sufridos ciudadanos. Allí comenzó a fraguarse la máxima de los empresarios nuestros: capitalistas en las ganancias, socialistas en las pérdidas.

Paso a paso, en el más completo silencio, el empresariado no sólo supo rebajar drásticamente el tamaño del Estado sino, además, volcar en forma dramática las resoluciones que el país había adoptado históricamente. Es así que, por ejemplo, la nacionalización del cobre –votada favorablemente por la unanimidad del Congreso Nacional durante el gobierno de Allende- ha derivado en una nueva ‘privatización’ del metal rojo, ya que sólo los minerales de Codelco siguen en manos del Estado, pero el 60% de los actuales minerales en explotación pertenece a empresas privadas, transnacionales, y pronto comenzará el trabajo depredador de Barrick Gold en Pascua Lama aumentando los guarismos anteriores en beneficio de capitales no gubernamentales. Si Codelco reconoce que durante la gestión operativa del año 2006 obtuvo una utilidad de nueve mil doscientos millones de dólares, ¿cuál es entonces la verdadera utilidad económica alcanzada por los capitales privados en ese ámbito, y cuál su verdadero aporte en materia impositiva, tecnológica, ambiental y de producción agregada?

La crisis del gas permitió desnudar la maraña empresarial y sus turbios intereses, pues el ministro argentino de energía emplazó a nuestra ministra Karen Poniachick –sin titubeos ni espuria caballerosidad- a detener las ansias devoradoras de los empresarios chilenos dedicados a la distribución de ese combustible, ya que estos compraban cada BTU de gas a cinco dólares y lo vendían a los consumidores chilenos a un precio que superaba los veinte dólares. Los argentinos, en cambio, compraban gas a Bolivia pagando cuatro dólares por cada BTU y lo vendían a sus ciudadanos a un precio inferior a los nueve dólares. “Es que en Argentina gobierna el Gobierno, y no los empresarios”, manifestó el Presidente Kirchner en esa ocasión. Buena palmada. Desde ese momento, las pataletas y griteríos empresariales chilenos por el asunto del gas pasaron a un extraño y silente oscurantismo. Pero los distribuidores privados siguieron vendiendo a los consumidores nacionales aquel combustible a veinte dólares el BTU. Hasta ahora, parece que no hay cascabel para ese gato.

Los graves e insoportables tropezones del ‘Transantiago’ apuntan en la misma dirección. La idea del gobierno es, sin dudas, buena, necesaria y civilizada. Mejorar sustancialmente el paleolítico sistema de microbuses a granel que Santiago soportaba desde siempre, es obviamente una iniciativa que merece apoyo total. Sin embargo, ello hería las billeteras de algunos empresarios ‘históricos’ del transporte urbano, los mismos que extraña e increíblemente fueron aceptados por el gobierno de Lagos en el nuevo Plan. A poco andar, esos empresarios colocaron las primeras grandes piedras a la marcha del nuevo transporte; escatimaron responder a lo acordado por contratos y mantuvieron a cientos de máquinas en sus parques de estacionamiento, dejando a miles de santiaguinos sin locomoción y con un cuello más largo que el de los cisnes. No contentos con lo anterior, uno de esos ‘patrones’ (de apellido Navarrete) obligó a sus conductores a firmar contratos en blanco, mientras que otros dueños de buses estipularon salarios por bajo el mínimo acordado con el gobierno. La idea, entonces, era y sigue siendo el regreso de la ‘selva’ microbusera que tantos réditos económicos les ha dado. Otro gato que hasta ahora no cuenta con cascabel.

Hoy, el ochenta por ciento de las actividades industriales, extractivas, comerciales y de servicios está en manos de un empresariado que sigue pujando por conseguir el veinte por ciento restante. El gas, el agua potable, el sistema de redes de alcantarillado, la luz eléctrica, la telefonía, el sistema previsional, la minería, la pesca, la riqueza forestal, la agricultura, las aguas de ríos y lagos, el transporte público, las rutas y principales carreteras del país, los cementerios, las otrora florecientes industrias creadas por CORFO, las universidades y la educación en su casi totalidad (al igual que la Salud), la capacitación laboral, los glaciares, las hoyas hidrográficas, e incluso los gobiernos ‘democráticos’ y el propio Congreso Nacional, además de un largo etcétera, se encuentran en poder de privados.

La hora del empresariado es ya suficientemente extensa y fructífera, pero no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría de los chilenos. Es momento de comenzar una redistribución justa, equitativa y digna que, por cierto, no desmedre ni ponga en riesgo la actividad privada pero que, en razón de la justicia, dé respuesta positiva a las demandas de la población. A menos, claro, que los chilenos –informados y usando su soberanía- estimen lo contrario.